LPOQuieren aprovechar la fibra óptica que tendió el kirchnerismo para dar cable sin invertir en redes.
Presidencia
El presidente Macri y su ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad.
La salida del kirchnerismo del poder tuvo el efecto de sacar a flote la pelea de fondo del mundo de los medios que estaba tapada por la guerra de Cristina contra Clarín. El enfrentamiento estratégico es entre las telefónicas y los cables.
El gobierno de Mauricio Macri viene surfeando esa tensión enviando gestos a uno y otro lado, con funcionarios mas cercanos a los medios y otros a las telefónicas. Sobre este último grupo se desató una operación fuerte en los últimos días para que se hablite a las telefónicas a usar la infraestructura de la estatal Arsat, para brindar servicio de cable y acaso banda ancha.
La idea es aprovechar el descomunal tendido de fibra óptica que hizo el gobierno de Cristina Kirchner en todo el país y que nunca se utilizó por esas cosas del kirchnerismo: Tendieron más de treinta y cinco mil kilómetros, pero se mancaron cuando había que construir la “ultima milla” que le daba capilaridad a la red en las ciudades.
Ese gigante dormido más la capacidad satelital de Arsat es hoy un bocado apetecido por las telefónicas, que se ahorrarían así la multimillonaria inversión en redes, en las que cableoperadores como Cablevisión, Supercanal y Telecentro llevan invirtiendo hace décadas.
Operadores polémicos
El lobbysta en jefe de las telefónicas en el Gobierno es el abogado José Sánchez Elías, que rechazó formalmente formar parte del gabinete, pero ubicó en el Ministerio de Comunicaciones a su alfil, Héctor Huici, actual secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
Este abogado, ex integrante del poderoso estudio M&M Bomchil, litigó contra la Argentina en el Ciadi y le ganó al Estado un juicio que obligó al país desembolsar 133 millones de dólares a la firma MS Gas Transmission Co. También defendió ante el tribunal del Banco Mundial a Enron. Hoy es una figura clave en la definición de la normativa que regulará la convergencia que el gobierno de Macri va habilitando.
Héctor Huici, Roberto Catalán y Oscar González, mantienen relación con el ex funcionario menemista Germán Kammerath, un hombre de acceso directo al presidente Macri en el tema de telecomunicaciones.
Lo acompañan en ese trabajo Oscar González y el riojano Roberto Catalán, hijo de un ex juez de la Dictadura condenado por violaciones a los derechos humanos. Catalán tuvo reciente fama porque el gobernador de La Rioja, Sergio Casas, lo tuvo que echar del directorio de la empresa provincial de energía, cuando este abogado tildó de “asesinos” a los padres del nieto recuperado 121.
“No avalo desaparecidos, ni un niño apropiado, tampoco el olvido de las víctimas de Terrorismo. Menna y Lanzilloto eran asesinos, no militantes”, tuiteó el entonces director de la estatal Edelar.
Luego de recibir cuestionamientos de los organismos de DDHH de La Rioja, Catalán no se amilanó: “¿Y si le sacan la pensión vitalicia a los autodenominados presos políticos que tengan otro ingreso estatal y le dan a los jugadores del 78?”, propuso.
Hoy este abogado logró reciclarse en el entorno de Huici. Pero no fue casualidad. En los noventa, presidió la Comisión nacional de Comunicaciones (CNC), donde junto a Huici y González trabajaron bajo las órdenes del cordobés Germán Kammerath, un asesor directo del presidente Macri en telecomunicaciones, que mantiene su influencia intacta.
Todos ellos comparten además trabajos jurídicos en el mundo privado, donde suelen contar a las telefónicas y sus empresas vinculadas como clientes. Por eso los cables preparan una denuncia por incompatibilidad, porque pusieron baso su órbita el tema satelital, pese a que tienen como clientes a las satelitales Tesacom e Hispasat.
Daniel Vila y Alberto Pierri, dueños de Supercanal y Telecentro, están furiosos ademas, porque se enteraron que quieren cambiar la normativa que firmó Macri para bajar en un año en plazo para que las telefócnicas ingresen al negocio del cable, cuando ellos estaban reclamdno que por el contrario se extendiera cinco años extra la prohibición.
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